Vamos por partes. El mapa autonómico peninsular contradice las previsiones de la Constitución, por cuanto, además de Asturias, Murcia y Navarra (regiones históricas indiscutibles) surgieron otras tres comunidades uniprovinciales –Cantabria, Madrid y La Rioja– que no son regiones históricas, y por tanto no tenían derecho a la autonomía (art. 2). Y no hubo más porque se bloquearon iniciativas provincialistas como la de Segovia. La previsión constitucional era que ejercieran su derecho a la autonomía “las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes”, los archipiélagos y “las provincias con entidad regional histórica” (art. 143). Ciertamente el art. 144 dio carta blanca al legislador para saltarse la norma, y de ahí que la excepción dejara de serlo.
En nuestro entorno europeo, las regiones uniprovinciales son una excepción muy justificada. Su presencia encarece la administración y genera desigualdad, porque cede instrumentos de gobierno con elevadas competencias y recursos a territorios mucho más reducidos que el resto de comunidades. No está justificada la autonomía de una provincia con menos de 400.000 hab. Parece deseable que una comunidad uniprovincial tenga entidad histórica y/o supere el millón de habitantes.
Tampoco es satisfactoria la situación aislada de Madrid, por cuanto supone el desentendimiento de la metrópolis respecto de su entorno regional, bloqueando la lógica derivación de recursos económicos solidarios hacia el ámbito circundante inmediato. El aislamiento de Madrid es tan negativo como lo sería que el área metropolitana de Barcelona quedara al margen del resto de Catalunya. La riqueza de Madrid debe difundirse al territorio que le rodea.
El mapa autonómico debe facilitar una evolución de carácter federal, en particular en la cuestión de la financiación. El Estado debe tener interlocutores relativamente homogéneos y dimensionados, y mejor 15 que 17 (más económico y operativo).
Por otra parte, dos regiones históricas distintas, Castilla y León, fueron unidas en una sola. Pese a su posición central, Valladolid carece de capacidad para articular un territorio más extenso que Portugal. La unión de dos regiones históricas no está contemplada en la Constitución española (salvo en la disposición transitoria relativa a Navarra).
En las propuestas desde la Geografía de organización territorial de finales de los años sesenta se barajaron dos modelos diametralmente opuestos en relación con Castilla y León: uno (Casas Torres, Higueras y Miralbés) identificaba una región polarizada por Madrid que traspasa el Sistema Central, y otro (Solé y Terán) se apoyaba en la Meseta del Duero; el vallisoletano Jesús García Fernández redactó el capítulo correspondiente de la Geografía regional de España y fue muy beligerante contra lo que denominó tradición erudita que sostenía la identidad regional de León.
Ambos modelos coincidían en excluir Cantabria y La Rioja. El énfasis en el relieve meseteño hacía inviable su permanencia en Castilla, pese a que el legislador, con evidente remordimiento, quiso dejar la puerta abierta a su reintegración en los primeros estatutos de autonomía, de forma más retórica que real (posteriormente se suprimió esta posibilidad de los textos estatutarios).
En el caso de Andalucía sí se celebró un referéndum, con el resultado que Almería rechazó su incorporación a la autonomía, pese a lo cual el legislador se saltó todas las normas del derecho constitucional y la incluyó con calzador en la comunidad autónoma andaluza.
Un reciente encuesta detecta que el sentimiento autonómico de 7 provincias no alcanza un aprobado en Almería, en las tres provincias de la región leonesa y en las tres de Castilla-La Mancha limítrofes con Madrid. Las valoraciones más bajas se registran en Almería (3,5), Guadalajara (3,1), Zamora (2,5) y León (un escandaloso 0,9).
Por todo ello se impone una reforma en profundidad del mapa autonómico en la mayor parte de lo que fue Corona de Castilla. Los geógrafos/as debemos implicarnos en el planteamiento de soluciones a la organización territorial. En mi opinión, la alternativa pasaría por:
- Reconocimiento de la Comunidad o Región Leonesa (cerca de 1 millón de habitantes). La capitalidad de León debe compartirse con Salamanca, con el fin de cohesionar la nueva comunidad. El Bierzo debe ejercer el rol de cuarta provincia del País Leonés.
- Reconstitución de la Castilla Vieja (1,5 millón de habitantes) con capital en Burgos. Las regiones geográficas (que no históricas) de Cantabria y La Rioja deberían tener un régimen especial, y tener diputaciones de elección directa, con amplia delegación de funciones por parte del gobierno autonómico.
- Unión de Almería y Murcia en una Comunidad o Región del Sureste (2,2 m. h.) con dos diputaciones provinciales ordinarias. Sin perjuicio de la continuidad de la Asamblea Regional en Cartagena, la ciudad de Lorca ocupa una posición geográfica central privilegiada (como Mérida en Extremadura) y podría acoger el Gobierno de la Región, mientras que las dos capitales de provincia serían la sede de las diputaciones.
Reconfiguración de Castilla, formada por Castilla-La Mancha, Madrid y las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid. Sería la primera comunidad del país en población (casi 10 m. hab.) y superficie, suponiendo algo más del 20 % del Estado en ambos parámetros. La metrópolis madrileña
- sí tiene capacidad de articular el vasto territorio central. Este cambio radical exige tejer una serie de equilibrios internos:
- Madrid tendría una Diputación provincial de régimen común (como Barcelona) pero con competencias delegadas por el gobierno autonómico.
- La capitalidad formal debería ser compartida por Toledo y Valladolid.
Esta propuesta no puede ser criticada porque desconozca o violente las regiones históricas de España. La principal modificación del esquema tradicional (el que describe el decreto de 1833) se deriva de la extraordinaria pujanza de Madrid (que ya era evidente en 1968).
Para más información:
Burgueño, J. (2024). España dividida según acostumbran los geógrafos. Origen y evolución del mapa regional (1456-1850). Universitat de Lleida.
